¿Qué política agraria común necesitamos?

Durante los últimos años se han constatado las dificultades por las cuales pasan los agricultores y agricultoras, dejando en evidencia que la Política Agraria Común (PAC) europea actual -modificada sucesivamente por las indicaciones y acuerdos alcanzados en la OMC (Organización Mundial del Comercio) y en los diferentes acuerdos bilaterales entre la UE y países terceros-  ha sido incapaz de resolver los problemas del sector.

Basada en un modelo de desregulación y  liberalización de los mercados, surge la necesidad de elaborar una nueva política agraria común, basada en la soberanía alimentaria, social y solidaria. Una nueva PAAC (Política Agraria y Alimentaria Común) que ponga en el centro a la ciudadanía europea y no a los intereses de las transnacionales.

Este año 2010 es clave fomentar un amplio debate público dentro de la Unión Europea para que sean redefinidas las prioridades y mecanismos de la política agrícola y alimentaria más allá del 2013. En este artículo la revista ‘Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas’ responde a la consulta pública sobre la PAC lanzada por la Comisión Europea.

¿Por qué es necesaria la PAC?

Porque la agricultura es una actividad económica básica e imprescindible, puesto que es necesaria para que los ciudadanos y ciudadanas de Europa y del mundo puedan ejercer el derecho básico a la alimentación. Porque es necesaria una política agrícola que ofrezca un marco estable al sector agroalimentario europeo capaz de compensar las variaciones de los mercados agrícolas, cada vez más especulativos y carentes de control democrático. Porque consideramos que los objetivos que han justificado la creación de la PAC -como son el abastecimiento alimentario y la mejora del nivel de vida de los agricultores y agricultoras- siguen siendo válidos, pero necesitan ser ampliados para interconectar de modo equilibrado las cuestiones sociales, medioambientales, culturales y económicas de la UE. Por eso mismo, lo que Europa necesita es un modelo social de agricultura que garantice la soberanía alimentaria en la UE y en el mundo. Una política generadora de empleo, vertebradora del territorio, con proyección de continuidad, garantizando la producción de alimentos de calidad, y preservando el medio ambiente y la diversidad de la agricultura europea.

¿Qué espera la ciudadanía de la PAC?

Los ciudadanos y ciudadanas de la UE deseamos una PAC que defienda una agricultura sostenible y diversa, que nos garantice el suministro de alimentos de calidad a precios razonables. Una agricultura que contribuya a la protección del medio ambiente, al bienestar de los animales y a la biodiversidad en las diferentes zonas rurales de la UE. Una agricultura que genere empleo y vida en el medio rural en Europa sin perjudicar a los países del Sur.

Igualmente, la ciudadanía europea exigimos mayor transparencia en la información que recibimos sobre los productos que consumimos. Una información objetiva, veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales, el proceso productivo que han seguido y sus precios de origen. Para la ciudadanía es importante que los mecanismos de financiación sean claros, rigurosos y consecuentes con los principios de la soberanía alimentaria.

Exigimos también romper con políticas sujetas a un modelo neoliberal que perpetúa la explotación de las personas y en su mayoría de las mujeres, que son las que menor acceso tienen a los recursos productivos y económicos, generando graves situaciones de dependencia. Esta dependencia económica perpetúa la violencia doméstica dentro del medio rural. Requerimos políticas integradoras que tengan en cuenta esta realidad y se dote a la PAC de acciones positivas y de  presupuestos con enfoque de género.

¿Por qué es necesario cambiar la PAC?

Porque la política agraria desarrollada hasta el momento ha considerado la eliminación de empleo en el sector agrario como algo positivo que favorecía la competitividad de la agricultura, sin tener en cuenta las consecuencias sociales y económicas que este declive ha supuesto en muchas zonas rurales. En muchos casos esta evolución ha comprometido el desarrollo de los territorios rurales, cortando el vínculo entre agricultura e industria agroalimentaria y provocando la deslocalización de productos agrarios, cooperativas y empleo.

Porque la PAC hasta ahora ha impulsado la liberalización absoluta de los mercados agrícolas, gobernados hoy por un capitalismo sin rostro humano, que ha  provocado que los productos agrarios se hayan convertido en moneda de cambio de los intereses de multinacionales agroindustriales y empresas financieras y de servicios. Haciendo dumping social y económico sin escrúpulos en los países en vías de desarrollo y limitando la capacidad de la agricultura para garantizar el derecho a la alimentación de todas las personas.

Porque la PAC actual no ha tenido en cuenta como corresponde el papel de las mujeres en la agricultura, siendo fundamentales para preservar la seguridad alimentaria, porque además de productoras, también se han encargado históricamente de la alimentación en los hogares y familias. La participación de las mujeres, con derechos dentro de las fincas agrarias, no está resuelta.

Porque la agricultura europea sufre problemas por el envejecimiento y la masculinización en la población agraria, que sólo puede abordarse desde una apuesta definitiva por la participación y reconocimiento del trabajo de las mujeres campesinas y  fomentando el acceso de la juventud al mundo rural.

Porque con las sucesivas reformas de la PAC, la UE ha profundizado en la desregulación del mercado interior europeo, con una reducción de los precios de referencia a los niveles de mercado mundial y la desaparición de mecanismos fuertes de intervención. Todo ello unido a una mayor apertura comercial a los productos importados desde la agroindustria de terceros países, provocando en definitiva, el desmantelamiento de la agricultura familiar a favor de planteamientos políticos descritos por la Organización Mundial del Comercio. La reducción de precios al agricultor y agricultora, en ningún caso ha repercutido en bajadas de precios al consumo, dándose por el contrario un mayor diferencial de precios entre ambos. Un abuso que es responsabilidad de la gran distribución agroalimentaria y de la falta de regulación de la UE. Una de las muchas causas que  obliga al éxodo a las ciudades de la población rural en toda Europa.

Porque la Unión Europea debe defender la soberanía alimentaria, entendiendo ésta como el derecho de las regiones a proteger, apoyar y promover sus propios sistemas de producción agraria, sobre la base de una producción basada en el modelo social de agricultura, destinada a abastecer su mercado interior de alimentos en la cantidad y calidad suficientes.

Porque es prioritario que se proceda a una asignación racional de los presupuestos de la PAC que contribuyan al abastecimiento alimentario, a la vez que al desarrollo económico, social y medioambiental en la UE. No es admisible, ni social ni económicamente, que poco más del 20% de las personas que son perceptores de ayudas agrarias acaparen más del 75% de los fondos, hecho que ha consagrado la última reforma. Mientras que para algunas personas las ayudas agrarias no son más que una forma fácil de aumentar sus beneficios empresariales, para las fincas familiares, que ocupan a los y las verdaderos profesionales del mundo agrario, el apoyo con fondos públicos permite mantener la viabilidad y la rentabilidad que el mercado no garantiza.

¿Qué herramientas necesitamos para la PAC del mañana?

Un argumentación política clara a favor de la soberanía alimentaria y su desarrollo legislativo en la UE, sabiendo que es la única alternativa posible para una alimentación  justa y sana en la Unión Europea y el resto del planeta. Por lo tanto, la PAC debe favorecer un modelo de producción basado en la agricultura campesina o agroecológica, generador de empleo, respetuoso con el medio ambiente, vertebrador de una economía rural y probadamente eficiente en términos de producción de alimentos. Por todo ello, la PAC del futuro debe introducir las siguientes medidas:

  1. Aplicar el principio de la preferencia comunitaria y establecer mecanismos de protección frente a las importaciones de productos agroalimentarios de terceros países, dentro de una lógica de producción comunitaria vinculada con la sustentabilidad ambiental. Igualmente, garantizar la calidad de los alimentos importados con el reforzamiento del control de las importaciones desde terceros países mediante el establecimiento de protocolos de garantía sanitaria (sanidad y calidad), ambiental y social adecuados y unificados. Debe prohibir la comercialización de cualquier producto del mundo (o recursos productivos como la tierra, el agua y las semillas) que se haya producido con dumping social o económico- para tener beneficio económico especulativo.
  2. Eliminación de las ayudas de la UE a la restitución (exportación) que junto a los tratados de libre comercio que impulsa la UE son generadores de impactos sociales en los campos de los países del Sur muy graves. No podemos aceptar una PAC que genere pobreza en el Sur.
  3. Desarrollar políticas a favor de una agricultura y ganadería campesina y ecológica, que son modelos de producción más viables y más sostenibles medioambientalmente y favorecen la preservación de la biodiversidad. En este aspecto, la feminización de la agricultura, es fundamental, revalorizando otras formas de tratar con la naturaleza.
  4. Introducir medidas para una necesaria regulación de mercados y que sirvan para que la mayor parte de la renta de los agricultores y agricultoras provenga de la venta de sus  productos. Los precios agrarios deben cubrir, al menos, los costes de producción en origen y en destino, garantizando la renta de las personas dedicadas a la agricultura y a la ganadería. Igualmente es recomendable medidas para limitar los márgenes comerciales que preserven el derecho de la población consumidora a disponer de una alimentación sana a precios justos y que elimine el actual abuso entre el precio de origen y precio de destino. Es necesaria una verdadera política agraria que ofrezca una garantía de precios, unida a la regulación de la oferta y del mercado interno. Las ayudas directas -que puedan ser necesarias para complementar esta política- deben estar ligadas a la actividad agraria realizada en la propia finca. Las dificultades específicas de producción (zonas de montaña, zonas desfavorecidas y otras) deben ser compensadas para paliar la discriminación de rentas en estas situaciones.
  5. Desarrollar legislación en el ámbito de la competencia que tenga en cuenta las características específicas del sector agrario. Un marco legislativo que contemple específicamente la producción, transformación y comercialización de la agricultura de pequeña escala a través de la venta directa y en canales cortos. Asegurar la Indicación del origen y modo de producción de los productos en el etiquetado y que mejore  el control del etiquetado de los productos incrementando las sanciones derivadas del incumplimiento de la normativa comunitaria. Una legislación específica que promueva y no penalice el empleo de variedades locales y campesinas en la agricultura, así como se eliminen todas aquellas medidas que permiten patentes y otros formas de propiedad intelectual sobre sobre genes, semillas y razas de animales.
  6. Impulsar políticas activas sociales y económicas que mantengan la actividad agraria en todas las zonas rurales de la UE.
  7. La PAC también debe cuantificar económicamente todo el trabajo invisible y de economía sumergida que producen las mujeres al encargarse del conocido “trabajo reproductivo”, el cuidado de personas dependientes y responsabilizándose de las labores del hogar. Este trabajo tiene un coste y aumenta y genera economía. Es hora de contabilizarlo y ponerlo en valor.
  8. Mecanismos que permitan la participación de los agricultores y agricultoras en la elaboración de las políticas agrarias, favoreciendo la democratización en la toma de decisiones y elaboración de las políticas que les afectan.

LAS AYUDAS DE LA PAC

El análisis de las ayudas de la PAC del 2009, indica que sólo el 1% cobra el 23% de las ayudas con cobros por petición superiores a los 300.000 euros y que solo un centenar de beneficiarios cobran unos 190 millones de euros, una cifra igual a la percibida por 450.000 peticionarios. Dentro de este colectivo encontramos a los grandes terratenientes, empresas y  también entidades asociativas que cobran en nombre de muchos asociados.

Dentro de los 30 mayores perceptores de ayudas de la PAC encontramos a las empresas Azucarera Ebro, Corporación Peñasanta (Central Lechera Asturiana), García Carrión (zumos y vinos Don Simón), Nutrexpa (Colacao, Nocilla, etc.) o Pastas Gallo. Llama la atención encontrarse como beneficiarios de la PAC a grandes superficies como Mercadona o incluso a la Cría caballar de las Fuerzas Armadas españolas.

Mientras el colectivo real de agricultores profesionales, el 22%, no alcanzan el 60% de todas las ayudas.

Lamentablemente con los datos estadísticos que nos ofrecen a la ciudadanía es imposible un análisis con perspectiva de género. Es decir, no se puede conocer los porcentajes de reparto de las ayudas asignadas entre hombres y mujeres, y por lo tanto no hay posibilidad de adoptar medidas equitativas al respecto.

Otro dato importante en la valoración de las ayudas de la PAC son las llamadas ‘Ayudas a la restitución’ que no son otra cosa que ayudas a la exportación de nuestros excedentes, muchas veces, a países empobrecidos del Sur generando un ‘dumping’ insoportable para los productores locales. En concreto durante el 2009, se han dedicado un total de 18.442.024€ a éste capítulo.

PARA SABER MÁS:

www.fega.es

www.farmsubsidy.org