La lucha social vence a las fumigaciones

Tomamos como referencia el texto de Darío Aranda publicado en el diario Página 12 de Argentina para relatar el éxito de las campañas y movilizaciones de los pueblos argentinos para que cesen las fumigaciones aéreas habituales con el herbicida glifosato en los monocultivos de soja que les rodean, pues son muchas y demostradas las consecuencias nefastas que para la salud de sus poblaciones tienen estos agrotóxicos de las multinacionales volando por los aires.

Luego de dos años de disputa judicial la Justicia de Santa Fe acaba de dejar firme la prohibición de fumigar en cercanías del barrio Urquiza de la localidad de San Jorge. Es el primer caso de Argentina donde, con fallo firme, la Justicia prohíbe las fumigaciones para proteger la salud. El expediente judicial, que marca jurisprudencia para centenares de denuncias en todo el país, invoca el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio irremediable es necesario que los jueces tomen medidas protectivas), cuestiona al glifosato (pilar del cultivo de soja) y denuncia un modelo agropecuario en base a agroquímicos. Anuncian nuevas presentaciones judiciales para cientos de pueblos afectados por fumigaciones.

A los cinco días de nacer, Ailén tuvo su primera intoxicación con agroquímicos. Y comenzó el calvario: médicos, internaciones, estudios, ahogos permanentes, desmayos, cócteles de medicamentos para poder respirar. Siempre, casualmente, sus malestares eran precedidos por fumigaciones en un campo de soja vecino. El sentimiento más básico, proteger a su hija, llevó a Viviana Peralta –un ama de casa de un barrio humilde de Santa Fe– a pisar por primera vez tribunales. Pidió mediante un amparo que se privilegie la salud de los niños por sobre los negocios agropecuarios. Fue el inicio de la causa.
“Me decían que estaba loca, pero desde que frenamos las fumigaciones nuestros hijos dejaron de enfermarse”, resume Viviana Peralta, y remarca que son muchos los y las vecinos que trabajaron juntos para proteger la salud de los niños y niñas y aún no sale del asombro por los llamados de otras provincias y de Europa, donde “el caso San Jorge” (como comienza a conocerse) marca un hito en la lucha contra un modelo “rentable” según las empresas, pero con costos sanitarios y sociales

Fechada el 21 de febrero pasado, la resolución judicial resume: “Resuelvo disponer con la prohibición impuesta en la causa”. Dos líneas, en lenguaje jurídico, históricas, que establecen la prohibición total de fumigar a menos de 800 metros de viviendas familiares (si el método utilizado es terrestre) y marca el límite de 1500 metros (si la aspersión es con avionetas). El juez Tristán Martínez dictaminó: “Los informes no han dirimido el interrogante de si es conveniente continuar con las fumigaciones o no. De todos modos, tras su evaluación, me permito concluir que todo parece indicar que la deducción comulga más con la segunda alternativa (la prohibición) que con la primera (permitir la fumigación)”. Deja constancia de que el Ministerio de Producción (donde funciona Agricultura) no elaboró ningún informe y lo toma como un indicio de que no pueden probar la inocuidad de las fumigaciones.

La ONG Cepronat, que acompaña a los y las vecinos en la acción judicial, integra la “Campaña Paren de Fumigar”, donde participan 70 pueblos de Santa Fe y también está presente en Córdoba, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires, explica que « luego de tantos años de denuncias, y que nos trataban como locos, la Justicia confirmó que los pueblos fumigados tienen razón. Con este antecedente, vamos a pedir la misma prohibición en los 300 pueblos afectados en la provincia. No se trata sólo del glifosato, sino del modelo agropecuario con consecuencias sanitarias y sociales. El uso de agrotóxicos en Argentina está autorizado en base a los ‘estudios’ de las propias empresas, y no con investigaciones independientes».

Testimonio de Rodolfo Páramo, pediatra en la comunidad argentina de Malabrigo

Introducción del glifosato: Llegué a Malabrigo, cuando Syngenta socia de Monsanto ingresaba de contrabando la soja RR de su socia, en el verano de 1993 y se inició el uso del glifosato de Monsanto. Este herbicida ingreso al país en 1977 en plena dictadura militar sin llevar adelante estudios toxicológicos previos  y fue catalogado como de baja toxicidad, con una banda verde.

Consecuencias sobre la salud: A mediados de 1994 comenzaron a nacer bebés con distintos tipos de malformaciones, sobre todo a nivel del neuroeje como anencefalia y mielomeningocele a distintas alturas de la columna vertebral. Nacieron chicos con agenesia de pared abdominal, agenesia de diafragma y por lo tanto la consecuente muerte. Sobre un promedio anual que varía de 180 a 240 nacimientos por año tuvimos 12 nacimientos de niños malformados.

El uso del glifosato: Este herbicida  mata todo lo vegetal y los microorganismos del suelo encargados de incorporar la materia orgánica al suelo: por lo tanto destruyen toda vida. Recuerdo que los intereses sojeros comenzaron utilizando 1 litro de glifosato por hectárea. Hoy utilizan hoy hasta 15 litros, acompañado de otros principios activos que potencian su toxicidad.

En la cadena alimentaria: Una última preocupación. Según estudios de la Universidad Nacional del Litoral, realizados a partir de 1997, se constata la presencia de glifosato en los granos verdes y maduros,  y en sus derivados como las harinas para el pienso, que llegarán a la cadena alimentaria. Es decir, fumigados por fuera, y fumigados desde dentro, también en Europa que consume productos animales engordados con soja de acá.