La PAC discrimina a las mujeres

La PAC discrimina a las mujeres

Isabel de Gonzalo Aranoa

La desigualdad de género evidenciada en el medio rural se hace patente en contextos sociales, económicos, políticos y culturales muy diversos. Se trata además de una realidad muy compleja, en la que influyen numerosos factores que tienen consecuencias de muchos tipos. En este artículo, se pretende colocar el centro del análisis en uno de los aspectos que componen esa realidad: ¿qué está ocurriendo con la distribución de las ayudas procedentes de la Política Agraria Común (PAC) en clave de género?

Datos ocultos

Para dar respuesta a la cuestión planteada, existe una dificultad de partida, con un significado político importante: en la actualidad, los datos de los que se dispone –a nivel autonómico, estatal o europeo- sobre la distribución de las ayudas de la PAC (tanto de los fondos procedentes del FEAGA como del FEADER) no están desagregados por sexo. Además, hoy en día tampoco es posible acceder de manera pública a la información referente a la identidad de las personas físicas perceptoras de ayudas procedentes de fondos europeos. Por lo tanto, tampoco se puede saber si se trata de hombres o de mujeres. El hecho de que no se cuente con esta información desagregada por sexo, no sólo limita el análisis desde una perspectiva de género, sino que dificulta la acción política y reivindicativa para lograr que este tipo de apoyo público se lleve a cabo de forma igualitaria. En el Estado español, está situación incumple rotundamente la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, debido a que en ella se insta a los poderes públicos a que incluyan sistemáticamente en la elaboración de sus estudios y estadísticas, entre otras cosas, la variable sexo, con el fin de garantizar la integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria.

Para hacer frente a esta ausencia de información, se ha llevado a cabo el análisis de los últimos datos disponibles para la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, donde todavía se podía acceder a la identidad de las personas físicas perceptoras de ayudas con cargo a la PAC. Estos datos han sido proporcionados por el sindicato EHNE-Bizkaia y corresponden al año 2008.

Discriminación notoria

Una de las principales conclusiones extraídas es que las mujeres acceden en mucha menor medida que los hombres a los pagos procedentes de las ayudas promovidas por la PAC. No sólo es mucho menor el número de mujeres que se benefician de estas ayudas que el de hombres, sino que, las mujeres que acceden, de media reciben cantidades inferiores en relación con las cantidades percibidas por los hombres (un 55% menos). Considerando sólo a las personas físicas que reciben ayudas, ellas representan el 32% del total y perciben tan sólo el 23% del monto total de las ayudas desembolsado.

Por otro lado, es importante, de cara a analizar la desigualdad de la que aquí se está hablando, considerar que las ayudas provenientes de fondos procedentes de la PAC, son de muy diversa cuantía, oscilando desde los 200.000 euros, hasta montos inferiores a 500 euros. Teniendo en cuenta este aspecto, cuando las cantidades recibidas de forma individual son elevadas, el porcentaje de mujeres que compone el total de las personas beneficiarias dentro de esas cantidades es muy bajo (7% para ayudas superiores a 100.000 euros), aumentando significativamente cuando los montos percibidos disminuyen (alcanzando el 33% para ayudas inferiores a los 1.000 euros) 

Otra de las conclusiones a las que se ha llegado es que los requisitos de la PAC y su funcionamiento no se adaptan a la realidad en la que viven las agricultoras, debido a que están orientadas a estimular las grandes explotaciones agrarias en detrimento de las pequeñas explotaciones familiares. Las mujeres están mayoritariamente representadas en este último tipo de explotación, por lo que, o no acceden a estas ayudas o lo hacen percibiendo cuantías menores que los hombres, como ya se ha mencionado.

Según el actual funcionamiento de concesión de ayudas con cargo a la PAC, parte de las mismas está vinculada a la producción y parte a la superficie (o cabeza de ganado) –dependiendo de si se encuentran acopladas o no- y, por tanto, aquellas explotaciones de mayor dimensión económica tienen derecho a mayores ayudas. Aquéllas de mayor cuantía (desde los 20.000 hasta más de 100.000 euros) suponen el 38% del total de los fondos entregados con cargo a la PAC en el territorio considerado, para el año 2008. En cambio, el porcentaje de personas situadas en esos intervalos de monto suponen tan sólo el 5% del total de las personas beneficiarias. Este tipo de concentración tiene, además de una lectura económica, otra de género: se observa que el 98% de las mujeres que acceden a estas ayudas, lo hacen a través de montos inferiores a 20.000 euros y el 47% de ellas a través de cantidades inferiores a 1.000 euros.

¿Y por qué?

Para profundizar en la realidad actual sobre la distribución de las ayudas de la PAC desde una perspectiva de género, es muy importante considerar la posición social, económica y legal de las campesinas, para lo que es conveniente considerar dos factores fundamentales: la titularidad de las explotaciones y el reconocimiento del trabajo que ellas realizan.

Sobre el primero de ellos, es necesario señalar que, para adquirir derecho a los pagos de ayudas con cargo a fondos europeos, se debe ostentar la titularidad de la explotación. En la mayoría de los casos (71% de las explotaciones registradas en el Censo Agrario de 2009 para Hego Euskal Herria), ésta está en manos de un hombre. Además, cuando la titular es una mujer, suele tratarse de explotaciones de dimensión económica reducida y/o no representa la base principal del sustento familiar.

La titularidad de las explotaciones agrarias representa un aspecto esencial no sólo a la hora de acceder a las ayudas promovidas por instituciones públicas, sino que, además, tiene una gran importancia en el reconocimiento de los derechos y obligaciones de las mujeres campesinas, ligados a su actividad profesional agraria.

Es conveniente destacar, de forma positiva, los avances legislativos ocurridos en el Estado español para lograr la igualdad efectiva de las mujeres y los hombres en el ámbito rural, especialmente en lo que se refiere a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias. En este sentido, conviene hacer hincapié en la necesidad del compromiso por parte de las administraciones públicas de cara a poder hacer efectiva la ejecución de la Ley recientemente aprobada (en octubre de 2011), para que no caiga en saco roto.

En cuanto al segundo factor, es relevante destacar que las mujeres continúan desempeñando un trabajo invisibilizado, tanto desde el punto de vista económico, como social o legal. Puede decirse, además, que el trabajo realizado por las mujeres en las explotaciones agrarias familiares se encuentra doblemente invisibilizado:

  • Por un lado, el mantenimiento de la vida en ámbitos rurales no depende exclusivamente de la producción agropecuaria, ni de la participación en espacios público-organizativos. Existe un arduo trabajo de actividades no agrícolas, relacionadas con labores reproductivas y de cuidados y que, además, están estrechamente ligadas con la actividad productiva. Generalmente, este trabajo es desempeñado por las mujeres y no cuenta con el suficiente reconocimiento ni social ni económico, si se considera la absoluta necesidad del mismo y la ausencia de corresponsabilidad en la asunción de estas tareas.

  • Por otra parte, el desarrollo de actividades productivas por parte de las mujeres se encuentra también invisibilizado. Esto es debido, en parte, a la falta de identidad profesional al considerarlas como “ayuda familiar” y a la diversificación de tareas que las agricultoras realizan, muchas de ellas simultáneas en el tiempo y difíciles de cuantificar. De esta manera, no se ven reflejadas en las estadísticas oficiales.

Una normativa machista

Todo lo expuesto hasta aquí, concuerda perfectamente con otra de las conclusiones obtenidas del análisis realizado: la definición y formulación de la PAC carece de enfoque de género y obvia la situación desigual en la que se encuentran las mujeres y los hombresen el medio rural y en la actividad agraria, así como las causas estructurales y sistémicas de esa desigualdad.

La normativa que rige la PAC está construida sobre la neutralidad de género, es decir, no hace diferencias o distinciones entre mujeres y hombres, lo que, a primera vista, puede hacer suponer que se trata de una norma igualitaria. Pero en la práctica, y a través de un gran número de experiencias, se ha hecho cada vez más patente que las normas neutras en su definición pueden resultar discriminatorias sobre determinados grupos sociales, en este caso, las mujeres. Esto sucede porque no se reconocen los sistemas de poder intergrupales ni las situaciones de discriminación y subordinación entre mujeres y hombres. Si las políticas públicas se sustentan sobre tales pilares, la igualdad efectiva entre agricultoras y agricultores es inalcanzable.

Por último, es necesario plantearnos la imposibilidad de conseguir un mundo rural vivo y una actividad agraria sustentable –ecológica, social y económicamente hablando- si las mujeres continúan sin tener la posibilidad de participar de manera igualitaria en los procesos emprendidos, en las políticas públicas y en las luchas y reivindicaciones sociales. Se debe reconocer la identidad profesional de las mujeres a través de la visibilización legal, económica y social del trabajo global que ellas realizan y se deben reconocer sus derechos y obligaciones como agricultoras.

Pero no sólo eso. A la vez que luchamos contra el modelo productivo y rural que se está fomentando desde la PAC –que prioriza los intereses del mercado y del capital sobre las personas y la naturaleza-, es crucial visibilizar y denunciar la posición de subordinación y discriminación en la que se encuentran las mujeres, para poder transformarla. Sólo así se podrá lograr el modelo ecológicamente viable y socialmente justo que buscamos.


UNA PAC FEMINISTA

Desde la redacción de la revista consideramos necesario reclamar políticas agrarias decididas para potenciar la presencia en igualdad de condiciones de mujeres en el campo. Seis ideas para el debate:

  1. La PAC debe reconocer abiertamente tanto las importantes funciones y servicios que han desempeñado y que pueden desempeñar las mujeres en el medio rural, como el hecho de que el mejor cumplimiento de dichas funciones por parte de las mujeres se logra en una agricultura campesina y agroecológica.

  2. La PAC, igual que otras políticas, deben contar con informes de impacto de género que visibilicen las desigualdades y así puedan corregirse.

  3. La clara discriminación de género en la agricultura estatal, tiene que ver, entre otras cosas, con diseños políticos promovidos hasta ahora, por lo tanto, debemos exigir nuevas políticas que corrijan esas discriminaciones, básicamente la distribución, acceso y titularidad de la tierra, así como su situación legal, derechos y obligaciones.

  4. Necesitamos una PAC que priorice exclusivamente la agricultura campesina, de pequeña escala y orientada a los mercados locales, por muchas razones: por impactos sociales, por la calidad de los alimentos, por el respeto medioambiental y también por su mejor adaptación a la realidad de la mujer. Y porque recíprocamente, el predominio de la mujer en la gestión agrícola conduce a una muy necesaria ‘feminización’ del modelo productivo.

  5. Hasta que se logran las condiciones para la igualdad, la PAC, y sus instrumentos de ayudas directas o de desarrollo, deben de favorecer (discriminación positiva) las ayudas a las pequeñas granjas campesinas sustentables, con papel multifuncional, en manos de mujeres; también a aquellas en regiones desfavorecidas agroclimáticamente, que tienen gastos de producción más elevados.

  6. Por último se necesitan políticas paralelas de empleo rural y desarrollo rural que prioricen a la mujer agricultora y a la mujer joven.  

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